Pablo Hertfelder García-Conde: «El martes 10 de Noviembre será un día muy determinante para la Justicia en España».
El presidente del Instituto de Política Social defiende la querella anunciada contra Fernando Grande-Marlaska y Aina Calvo por presunta prevaricación administrativa en la respuesta a las peticiones de protección de Ceuta.
La querella criminal será presentada ante toda la sociedad y los medios de comunicación el martes 10 de noviembre a las 11:30 ante las puertas del Tribunal Supremo (Madrid).
Madrid, 29 de octubre de 2026.— Para Pablo Hertfelder García-Conde, la cuestión que plantea esta iniciativa es tan política como personal: qué significa comprometerse con una causa cuando defenderla exige algo más que pronunciar un discurso. En esta propuesta de conversación, el presidente del IPSE explica por qué quiere llevar la exigencia de responsabilidades hasta los tribunales, qué espera de la Justicia y cómo entiende la firmeza: no como una exhibición de dureza, sino como la disposición a sostener un compromiso cuando desaparecen los titulares.
Pablo, ¿por qué ha decidido el IPSE impulsar una querella contra Marlaska?
Porque considero que Ceuta merece algo más que una controversia que se consume durante unos días y después desaparece. Estamos hablando de la protección de una ciudad española y de decisiones adoptadas por personas con responsabilidades públicas. Nuestra obligación es plantear con rigor qué actuaciones deben examinarse y por qué. No quiero que el Instituto sea una organización que expresa indignación y se retira cuando empieza el trabajo difícil. Hemos decidido asumir ese trabajo. «No podemos pedir a los ciudadanos que confíen en las instituciones y, al mismo tiempo, tratar como una impertinencia que exijan responsabilidades a quienes las dirigen».
¿Qué denuncia exactamente el IPSE?
Sostenemos que Interior rechazó las medidas extraordinarias de protección que se reclamaban desde Ceuta antes de la entrada masiva y que esa respuesta se mantuvo durante los acontecimientos. La querella atribuye actuaciones concretas a Fernando Grande-Marlaska y a la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo. Ese es el núcleo: qué conocieron, cómo respondieron y si las decisiones que les atribuimos pueden constituir una infracción penal. No estamos denunciando simplemente que hubo una situación muy grave. Pedimos que se examine la conducta de quienes tenían responsabilidades en la respuesta a esa situación. Esa diferencia es esencial.
¿Qué le diría a Marlaska si lo tuviera delante?
Le preguntaría qué respuesta dio a las peticiones de protección y cómo justifica las decisiones de su departamento. Se lo preguntaría con respeto, pero sin aceptar evasivas. No le pediría explicaciones sobre lo que piensa del IPSE ni sobre lo que opina de mí: le pediría explicaciones sobre Ceuta. Los ciudadanos no tienen que simpatizar con un ministro para merecer respuestas, y un ministro no puede elegir a quién debe rendir cuentas según le resulte cómodo. «Señor Marlaska, no le pedimos que nos dé la razón. Le exigimos que dé explicaciones».
Detrás del escrito jurídico hay una ciudad. ¿Qué es lo que más le duele de este asunto?
Me duele pensar que podamos acostumbrarnos a hablar de Ceuta como si fuera únicamente una frontera, una cifra o un problema diplomático. Allí hay hogares, niños, mayores, trabajadores y familias cuya tranquilidad importa tanto como la de cualquier otra parte de España. Cuando digo que defiendo la unidad de España, hablo también de esa igualdad de consideración: que ninguna ciudad sea tratada como un lugar lejano cuyo sufrimiento resulta más fácil de olvidar. Para mí, el patriotismo empieza ahí. No en la solemnidad de una declaración, sino en la disposición a hacerse cargo de lo que ocurre a otros españoles.
Enfrentarse jurídicamente a un ministro no es una decisión menor. ¿Qué significa para usted asumirla?
Significa responder por lo que digo y por lo que hago. No me interesa presentarme como alguien que no siente el peso de sus decisiones. Precisamente porque esta iniciativa es importante, exige preparación, prudencia y constancia. Lo que no acepto es que la diferencia de poder entre una asociación y un ministro se convierta en una razón para renunciar. Si uno defiende el bien común solamente mientras hacerlo no le complica la vida, tiene que preguntarse qué está defendiendo realmente. «La firmeza no consiste en fingir que nada te cuesta; consiste en no abandonar tu responsabilidad porque tenga un coste».
¿Hasta dónde está dispuesto a llegar el Instituto?
Hasta donde existan razones y vías legales para sostener nuestra actuación. Eso significa trabajar con continuidad, atender cada resolución, estudiar los pasos que correspondan y no confundir una comparecencia pública con el cumplimiento de nuestra responsabilidad. No voy a prometer un resultado judicial que no depende de mí. Sí puedo comprometerme a que la comodidad, el cansancio o el deseo de evitar una controversia no decidan por nosotros. Presentar una iniciativa es un paso; estar a la altura de la confianza que recibe exige mucho más. Ahí es donde quiero que se mida nuestra firmeza.
María Juher Layret, reconocida jurista penalista, dirige la actuación jurídica. ¿Qué espera de ese trabajo?
María Juher Layret figura al frente de la dirección letrada de la querella y no conozco a nadie mejor que ella para encabezar dicha responsabilidad. Es una de las mejores juristas que he conocido en mi vida, he puesto mi organización y mi compromiso firme en la defensa del bien común en sus manos. Mi responsabilidad como presidente es respaldar un trabajo serio, facilitar los medios necesarios y no exigir al Derecho que se adapte a nuestras necesidades de comunicación. La firmeza institucional y el criterio jurídico tienen que caminar juntos. No voy a pedir a nuestra letrada una frase espectacular; quiero una actuación que pueda sostenerse. La documentación y los argumentos deben utilizarse donde corresponde, no convertirse en material de exhibición. «Una causa importante merece algo mejor que un titular: merece un trabajo que resista el examen de un tribunal».
¿Qué le pide al Tribunal Supremo?
Que examine nuestra solicitud y, si concurren los requisitos legales, permita investigar los hechos y determinar las responsabilidades que procedan. Pedir justicia significa aceptar también sus garantías, incluida la presunción de inocencia. No quiero sustituir la decisión de los jueces por mis convicciones, pero tampoco renunciar a plantear una acusación fundamentada por el hecho de que afecte a alguien poderoso. Nuestra posición debe poder defenderse sin pedir un trato de favor. «No reclamamos una excepción contra Marlaska. Reclamamos que el cargo no lo sitúe al margen del escrutinio que corresponde en un Estado de derecho».
¿Dónde termina la crítica política y empieza esta actuación judicial?
La crítica política expresa nuestro juicio sobre una gestión. Una querella exige identificar hechos, atribuir conductas y justificar por qué deben examinarse penalmente. No basta con que una decisión nos parezca equivocada, injusta o profundamente dañina. Esa es una exigencia que debemos asumir nosotros primero. Precisamente por eso quiero separar ambos planos: puedo ser muy contundente al valorar una actuación del Gobierno y, al mismo tiempo, exigir máxima precisión a nuestra iniciativa jurídica. El artículo 404 del Código Penal no castiga simplemente una mala gestión; se refiere a una resolución arbitraria dictada a sabiendas de su injusticia.
El IPSE anunció que había reunido 10.000 euros para respaldar su acción judicial por Ceuta. ¿Qué representa para usted ese apoyo?
Una obligación de responder a la confianza recibida. Detrás de una aportación hay una persona que ha decidido que esta causa merece apoyo, y yo no tengo derecho a tratar esa decisión como un aplauso dirigido a mi persona. Ese respaldo nos exige ser cuidadosos, explicar lo que hacemos y mantener el compromiso. La recaudación anunciada por el Instituto es un paso importante, pero no equivale a una resolución judicial favorable ni garantiza el resultado de la iniciativa. «Quien nos ayuda no nos entrega un cheque en blanco: nos confía una responsabilidad».
¿Qué hay de más personal en su decisión de continuar?
Una pregunta que intento no esquivar: ¿estoy dispuesto a vivir conforme a lo que digo? Es sencillo hablar de servicio, de España, de justicia o de dignidad humana. Lo difícil es aceptar las obligaciones que esas palabras llevan consigo. No quiero construir una imagen de firmeza mientras delego siempre en otros el coste de actuar. Tampoco quiero que mi nombre termine siendo más importante que la causa. Mi compromiso tiene que servir a algo que no sea mi propia proyección. Me dolería profundamente mirar atrás y descubrir que tuve palabras para todo, pero disposición para muy poco.
¿Qué papel tiene su fe en esa exigencia?
Mi fe me obliga a examinar cómo actúo, no solamente qué defiendo. No me concede automáticamente la razón ni convierte mis decisiones en incuestionables. Me pide coherencia, rectitud de intención y respeto por la dignidad de las personas, también de aquellas cuya actuación combato. Puedo exigir responsabilidades con toda la firmeza de la que sea capaz sin convertir esa exigencia en odio. Para mí, esa es una batalla interior muy concreta. «Le pido a Dios que no me permita llamar prudencia a mi miedo, pero tampoco valentía a mi soberbia». Defender una causa justa no me dispensa de cuidar los medios.
¿Qué le diría a quien piensa que una asociación pequeña no puede hacer nada frente al poder?
Que no confunda la dificultad con la inutilidad. La acción popular está reconocida en nuestra Constitución y expresa una posibilidad de participación ciudadana en la Justicia, dentro de los requisitos que establece la ley. No es un privilegio reservado a quienes tienen influencia política. Nuestra tarea es organizarnos, prepararnos y utilizar con responsabilidad los instrumentos disponibles. No todos pueden asumir el mismo papel, pero nadie debería dar por hecho que su única opción es resignarse. «Una sociedad civil adulta no espera a que el poder le conceda importancia: se prepara para exigirle cuentas».
¿Qué compromiso quiere trasladar hoy a los ceutíes?
Que para nosotros esto no debe terminar cuando termine la atención mediática. No voy a prometerles una sentencia ni a utilizar su nombre para atribuirme una representación que no me han dado. Les ofrezco algo más concreto: trabajo, continuidad y una exigencia sostenida de esclarecimiento. No tienen que compartir todas nuestras posiciones para merecer que se tome en serio lo ocurrido en su ciudad. Esa es también la prueba del bien común: defender lo que consideramos justo sin preguntar primero si quienes se beneficiarán de ello piensan como nosotros.
¿Qué debería recordar Marlaska de esta iniciativa?
Que hay ciudadanos dispuestos a sostener sus preguntas más allá de una rueda de prensa, de una campaña y de un cambio de agenda. Que nuestro compromiso no depende de que enfrentarnos a una actuación de Interior resulte cómodo o rentable. Y que no buscamos una disputa personal: buscamos que unas decisiones concretas puedan ser examinadas y que, si corresponde, se asuman sus consecuencias. «Un ministro no está por encima de la ley y Ceuta no está por debajo de nadie. Esa es la convicción con la que vamos a sostener esta querella».
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