IPSE reúne los 10.000 euros de la fianza judicial para su querella contra el Gobierno y pone al frente de su acción a la jurista penalista María Juher Layret.
La letrada María Juher i Layret encabezará la acción judicial del Instituto de Política Social contra Pedro Sánchez, Fernando Grande-Marlaska y Ángel Víctor Torres por una posible prevaricación administrativa por omisión.
Fermín Guerrero Faura no continuará liderando este procedimiento ni formará parte de la asociación, así mismo la dirección jurídica de la causa quedará asumida por Juher.
«El Gobierno abandonó Ceuta y traicionó su obligación de proteger nuestra frontera. Ahora deberá responder ante la Justicia», afirma Pablo Hertfelder.
Madrid, 05 de octubre de 2026.— El Instituto de Política Social (IPSE) ha conseguido reunir íntegramente los 10.000 euros correspondientes a la fianza judicial exigida para ejercer la acusación popular en la causa relacionada con la crisis fronteriza sufrida por Ceuta.
La letrada María Juher i Layret, integrante de la Junta Directiva del Instituto, será la encargada de encabezar la acción judicial contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; y Ángel Víctor Torres, por la posible comisión de un presunto delito de prevaricación administrativa por omisión.
El Instituto solicitará que se investiguen las decisiones adoptadas y las posibles omisiones cometidas por los responsables gubernamentales antes, durante y después de la entrada masiva registrada en Ceuta los días 30 y 31 de julio.
«Prometimos que llevaríamos al Gobierno ante la Justicia y hemos cumplido el primer gran objetivo. Los ciudadanos han reunido los 10.000 euros necesarios para derribar la barrera económica que impedía al Instituto ejercer la acusación popular», ha declarado Pablo Hertfelder García-Conde, presidente del Instituto de Política Social.
María Juher asumirá la dirección de la acción judicial.
El IPSE ha decidido encomendar a María Juher i Layret la dirección jurídica de este procedimiento. La letrada coordinará la preparación de los escritos procesales, el análisis de la documentación, la solicitud de diligencias y el seguimiento de todas las actuaciones relacionadas con la personación del Instituto.
Fermín Guerrero Faura, inicialmente anunciado como responsable de la actuación, no continuará liderando esta acción judicial ni formará más parte de la asociación. La estrategia procesal y la representación de los intereses del Instituto en la causa quedarán encabezadas por María Juher.
El relevo no modifica los objetivos de la actuación: esclarecer qué información tenía el Gobierno, qué advertencias recibió, qué medidas adoptó, qué decisiones dejó de ejecutar y quiénes participaron en la cadena de posibles omisiones que desembocó en el colapso de la frontera.
«Asumo esta responsabilidad con firmeza, independencia y absoluto rigor jurídico. Analizaremos cada documento y cada decisión para que la Justicia determine si quienes tenían la obligación de proteger Ceuta pudieron incurrir en omisiones penalmente relevantes», ha afirmado María Juher.
La acción podrá ampliarse contra cualquier otra autoridad, funcionario u organismo cuya posible responsabilidad aparezca durante la investigación.
Una acusación popular financiada por los ciudadanos
La fianza de 10.000 euros ha sido reunida gracias a las aportaciones de socios, simpatizantes y ciudadanos que han colaborado con la campaña promovida por el Instituto.
El IPSE agradece públicamente cada donación recibida y considera que la movilización demuestra que una parte de la sociedad española no está dispuesta a permitir que la crisis de Ceuta quede sin una investigación judicial independiente.
«Cada aportación ha sido un acto de defensa de España. Unos han donado diez euros; otros, veinte, cincuenta o cantidades superiores. Todos han hecho posible que el Gobierno tenga que enfrentarse a una acusación popular decidida a llegar hasta el final», ha señalado Hertfelder.
El Instituto ofrecerá información sobre el destino de los fondos y comunicará los avances procesales que puedan hacerse públicos sin perjudicar la actuación judicial.
Investigar la posible prevaricación por omisión
La acción impulsada por el IPSE se centrará inicialmente en la posible existencia de un delito de prevaricación administrativa por omisión, sin perjuicio de la calificación jurídica definitiva que corresponda efectuar a los tribunales y de otros posibles ilícitos que puedan desprenderse de las diligencias.
El Instituto pedirá que se esclarezca:
Qué información recibieron la Presidencia del Gobierno, el Ministerio del Interior y los demás organismos competentes.
Qué advertencias existían sobre el aumento de la presión fronteriza.
Qué medidas preventivas fueron evaluadas y cuáles llegaron a ejecutarse.
Cuándo se ordenaron los refuerzos policiales, militares y materiales.
Por qué el dispositivo desplegado no evitó la pérdida del control fronterizo.
Qué autoridades participaron en las decisiones adoptadas antes, durante y después de la crisis.
El IPSE califica políticamente lo sucedido como una «invasión fronteriza procedente de Marruecos» y considera que el Ejecutivo incurrió en una «traición a su obligación constitucional y política de proteger Ceuta, garantizar la integridad territorial y defender a los españoles».
«No aceptamos que 72.000 entradas irregulares, el colapso de una ciudad española y la pérdida material del control fronterizo terminen enterrados bajo el silencio institucional. Queremos saber quién sabía lo que podía ocurrir, quién tenía capacidad para impedirlo y quién decidió no actuar», ha manifestado el presidente del IPSE.
«El Gobierno deberá responder ante la Justicia»
«El Gobierno abandonó Ceuta y traicionó su obligación de proteger nuestra frontera. Ahora deberá responder ante la Justicia. María Juher encabezará una acusación firme, rigurosa y perseverante. No vamos a detenernos hasta que se investigue todo lo sucedido y se depuren todas las responsabilidades que correspondan», ha concluido Pablo Hertfelder.
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