El IPSE tacha de «infamia constitucional» el blindaje del aborto tras el récord de 106.172 muertes en España: «Quieren consagrar el exterminio como un derecho»

- El Instituto de Política Social (IPSE) denuncia que el Gobierno pretende elevar a rango constitucional una práctica que ya se cobra más de 290 vidas diarias, tras conocerse los datos oficiales de Sanidad que sitúan a España en la cifra más alta de la última década.

- Teresa Gutiérrez López, miembro de la directiva del IPSE: «Es una aberración jurídica y moral; mientras la natalidad se hunde, el Gobierno se apresura a blindar el negocio de las clínicas privadas y a ignorar el drama del síndrome post-aborto que sufren miles de mujeres».

- La organización activa la alerta nacional ante el debate en el Congreso la próxima semana y advierte de que el 95% de los casos se realizan sin alternativa alguna, convirtiendo el sistema público en una maquinaria de descarte humano.

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Madrid, 22 de abril de 2026 — El Instituto de Política Social (IPSE) ha lanzado hoy una ofensiva frontal contra el Gobierno de España ante la inminente tramitación parlamentaria para blindar el aborto en la Constitución Española. La organización califica de «traición al derecho a la vida» y de «paso hacia el totalitarismo ideológico» el debate que tendrá lugar la próxima semana en el Congreso de los Diputados, cuyo objetivo es elevar a rango de derecho fundamental una práctica que, según los últimos datos oficiales del Ministerio de Sanidad, ha alcanzado su cifra más alta en la última década con 106.172 intervenciones en 2024.

Para el IPSE, blindar el aborto en el texto constitucional no es un avance en derechos, sino una maniobra política para perpetuar la «cultura de la muerte» y asegurar la impunidad de un sistema que ha fallado estrepitosamente en la protección de la maternidad y del concebido. El Instituto denuncia que el Gobierno pretende convertir la Carta Magna en un instrumento de ingeniería social que ignore sistemáticamente el primer derecho de todo ser humano: el derecho a nacer.

Un escenario dantesco: 106.172 abortos y el fracaso de las políticas sociales

El IPSE ha analizado con extrema preocupación los datos proporcionados por el Ministerio de Sanidad, que arrojan una realidad desoladora para el futuro de España. El aumento del 2,98% respecto al año anterior y la tasa de incidencia de 12,36 por cada 1.000 mujeres confirman, a juicio del Instituto, que el aborto se ha convertido en la principal herramienta de «gestión demográfica» de un Estado que ha renunciado a proteger la vida.

«No son solo números, son 106.172 vidas humanas eliminadas con el sello de aprobación del Estado. Estamos ante una tragedia nacional de proporciones bíblicas. Que el Gobierno responda a este récord histórico de muertes con una reforma constitucional para 'blindar' esta carnicería es una muestra de cinismo político sin precedentes», denuncian desde la dirección del IPSE. La organización destaca con indignación que el 78,75% de las intervenciones se realicen en centros privados, señalando que existe un «negocio del descarte» que se lucra directamente de la vulnerabilidad de las mujeres y de la falta de ayudas públicas a la maternidad.

El drama silenciado: El síndrome post-aborto y la salud mental de la mujer

Uno de los puntos más contundentes de la denuncia del IPSE es la invisibilización sistemática de las consecuencias psicológicas del aborto. El Instituto advierte de que el blindaje constitucional pretende sepultar definitivamente el debate sobre el síndrome post-aborto, una realidad clínica que afecta a miles de mujeres en España y que el Gobierno se niega a reconocer por puro fanatismo ideológico.

El IPSE sostiene que el aumento de casos en menores de 20 años y el hecho de que el 95% de las intervenciones se realicen por «petición de la mujer» —muchas veces presionada por precariedad económica o falta de apoyo familiar— es el síntoma de una sociedad enferma. «Venden el aborto como libertad, pero para miles de mujeres es el inicio de un calvario de ansiedad, depresión, sentimientos de culpa y trauma persistente. El Estado no solo las abandona para que aborten, sino que después las ignora cuando el trauma aparece. El síndrome post-aborto es el gran secreto que el Gobierno quiere blindar bajo la alfombra de la Constitución», afirma la organización.

Teresa Gutiérrez: «No vamos a permitir que el derecho a vivir sea borrado»

La directora de comunicación y estrategias del Instituto de Política Social, Teresa Gutiérrez, se ha mostrado tajante ante la inminente batalla parlamentaria, asegurando que el IPSE utilizará todos los recursos legales y sociales a su alcance para frenar este atropello:

«El Gobierno de Sánchez ha decidido que su legado sea la muerte. Blindar el aborto en la Constitución es la firma definitiva de un régimen que odia la vida y que desprecia la dignidad humana. Es una infamia constitucional. No vamos a permitir que el derecho a vivir, que es la base de cualquier democracia real, sea borrado para satisfacer las exigencias de la agenda globalista más radical. Elevar el aborto a derecho es convertir a España en un país sin alma y sin futuro».

Gutiérrez ha puesto el foco en la contradicción demográfica que vive el país:

«En una España que se muere, con la natalidad por los suelos y las escuelas vacías, el Gobierno celebra que se eliminen más de 100.000 españoles al año. Es un suicidio colectivo asistido desde el Consejo de Ministros. El 68% de estos abortos son quirúrgicos, intervenciones agresivas que dejan secuelas físicas y psíquicas imborrables. La próxima semana, el Congreso no debatirá sobre derechos; debatirá sobre cómo perfeccionar la maquinaria de muerte del Estado».

Exigencia de un Plan de Apoyo a la Vida y fin de las derivaciones a centros privados

Ante este panorama, el IPSE exige la retirada inmediata de la propuesta de reforma constitucional y la implementación de una Ley Integral de Protección a la Maternidad. La organización reclama que el dinero público que hoy fluye hacia los «centros de exterminio privados» se destine a ayudas directas por hijo, redes de apoyo psicológico para mujeres en situación de riesgo y programas de información real sobre las secuelas del aborto.

El Instituto concluye con un llamamiento a la movilización ciudadana frente al Congreso: «Si el Gobierno blinda la muerte, la sociedad civil debe blindar la vida. No nos detendremos hasta que el aborto sea impensable en una sociedad que se dice civilizada. La vida no es un privilegio constitucional, es un derecho natural que ningún político, por mucha mayoría que tenga, puede arrebatar», sentencia con firmeza Teresa Gutiérrez, directora de comunicación del IPSE y miembro de la junta directiva de la organización.

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