El IPSE denuncia la maniobra del Gobierno de España para introducir el aborto en la Constitución y advierte de una grave deriva antihumana
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La organización advierte que la iniciativa del Ejecutivo de Pedro Sánchez para blindar el aborto en la Carta Magna es un atropello ideológico que ignora la protección de la vida humana y vulnera los principios constitucionales básicos
El Instituto de Política Social (IPSE) ha hecho pública su condena firme y argumentada ante la actual intención del Gobierno de España de introducir explícitamente el aborto en la Constitución Española a través de la reforma del artículo 43 de la Carta Magna, en lo que considera una maniobra política deliberada y perversa que representa una deriva antihumana y una traición a los principios constitucionales que protegen la vida humana.
Según documentos y análisis públicos, el Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez ha promovido un anteproyecto de reforma que incorporaría al artículo 43 —relativo a la protección de la salud— un nuevo apartado que reconocerá el “derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo” y obligará a los poderes públicos a garantizar dicho ejercicio. La reforma se tramitaría, según el Gobierno, mediante un procedimiento ordinario para evitar un proceso agravado que implicaría disolución de las Cortes y referéndum.
Un intento de consagrar el aborto sin respeto a la vida
El IPSE considera que esta estrategia gubernamental no persigue una deliberación legítima sobre políticas de salud pública, sino una imposición ideológica disfrazada de reforma constitucional, con el objetivo de polarizar el debate político y reforzar una agenda que coloca al aborto por encima de la protección de la vida humana. El Instituto advierte además que, incluso desde el punto de vista jurídico, la propuesta tiene cuestionamientos internos, dado que expertos consideran que la reforma del aborto no debería introducirse por el artículo 43 y que, si verdaderamente se tratara de un derecho fundamental, debería ubicarse en el artículo 15, lo que implicaría un procedimiento constitucional reforzado y mayoritario.
El IPSE alerta de que esta iniciativa se ha reactivado precisamente en un contexto de polarización política y de desgaste del Gobierno, utilizado como herramienta electoral en vísperas de importantes citas políticas, sin un debate profundo y reflexivo sobre las consecuencias humanas, sociales y jurídicas.
La Constitución no puede ser rehén de maniobras políticas
La carta magna española consagra el derecho a la vida humana como principio básico. El Instituto subraya que la introducción de abortos como derecho constitucional conllevaría una radical transformación del ordenamiento jurídico, con implicaciones directas sobre la protección de los no nacidos y sobre la interpretación de los derechos fundamentales.
El IPSE rechaza la idea de que la Constitución pueda convertirse en un simple instrumento de legitimación de políticas que, según su análisis, atentan contra el valor intrínseco de la vida humana, y advierte que este tipo de reformas sin consenso profundo socava la confianza de la sociedad en las instituciones democráticas.
El presidente del Instituto de Política Social (IPSE), estalla contra el Gobierno
El presidente del Instituto de Política Social, Pablo Hertfelder García-Conde, ha señalado:
“Pretender introducir el aborto en la Constitución no es una discusión técnica: es una declaración de prioridades que sitúa la eliminación de la vida humana por encima de la protección constitucional de los más vulnerables. Esto no es progreso social, es un atentado contra la razón y la dignidad humana”.
Hertfelder añadió:
“No puede aceptarse que la Carta Magna se reforme por cálculos políticos y no por un consenso responsable que respete la vida en todas sus etapas. La defensa de la vida no es un capricho ideológico, es un pilar esencial de cualquier ordenamiento jurídico civilizado”.
Una reforma sin consenso y de graves consecuencias
El IPSE advierte que, incluso desde el ámbito jurídico interno, ya existen cuestionamientos sobre la vía elegida por el Gobierno. El dictamen preparado inicialmente por figuras vinculadas a la redacción de la Constitución fue rechazado y sustituido por otro más alineado con la propuesta gubernamental, lo que según la organización demuestra una manipulación interna y una falta de respeto al proceso deliberativo.
La organización recuerda que una reforma que afecte a derechos fundamentales debería abordarse con el máximo rigor democrático, incluyendo el procedimiento agravado previsto en el artículo 168 de la Constitución, lo que exigiría mayorías cualificadas y, en muchos casos, el refrendo popular.
Una agenda ideológica que ignora la crisis demográfica y social
El Instituto de Política Social lamenta además que esta discusión se produzca en un contexto en el que España enfrenta una grave crisis demográfica, con tasas de natalidad entre las más bajas de Europa y un fuerte envejecimiento poblacional. La introducción de un derecho constitucional al aborto, subraya el IPSE, no responde a la defensa del bien común, sino que se orienta únicamente a activismo ideológico.
El Instituto de Política Social rechaza con firmeza la iniciativa del Gobierno de España de incluir el aborto en la Constitución y advierte que no se quedará al margen de la defensa del derecho a la vida humana, proponiendo el fortalecimiento de alternativas éticas, sociales y culturales que promuevan la maternidad, el apoyo a la familia y el respeto a la dignidad de todas las personas.
“La vida humana no puede depender de modas ideológicas ni de cálculos electorales. La Constitución debe proteger la vida, no legislar su eliminación”, concluye Pablo Hertfelder García-Conde.
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